Contractación Pública Responsable

ATRI pretende actuar como un programa piloto que desarrolle y haga efectivo los nuevos marcos de Contratación Pública Socialmente Responsable, favoreciendo la participación de “la economía de las manos pequeñas” (talleres, gremios, Pymes, micro-pymes, autónomos y economía social) en la contratación pública.

Teniendo el proyecto TREBATU del Ayuntamiento de Pamplona como referente, ATRI también pretende revertir el hecho que “un 31% de la contratación pública recae sobre las pequeñas y medias empresas, cuando la gran mayoría del tejido empresarial, el 98,7%, está integrado por pymes". Hasta ahora, la contratación pública ha venido operando principalmente bajo el principio de eficiencia y racionalización económica. Se trataba de obtener un resultado al menor coste posible. Frente esto, recientemente ha crecido la convicción de que la contratación pública puede, y tiene que ser, una técnica que permita orientar el cambio de modelo productivo y conseguir objetivos sociales y/o medioambientales tal y cómo vemos en el nuevo marco normativo Europeo y local.

La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, (de ahora en adelante la Directiva 24) establece que como regla general se tenga que hacer una división del contrato en lotes para favorecer la participación de las PYMES, dotándolas de mayores oportunidades para competir con las grandes empresas en las licitaciones públicas. La Guía de contratación pública social del Ayuntamiento de Barcelona, aprobada en 2016 plantea la inclusión de cláusulas sociales, laborales y medioambientales en los contratos públicos para “erigir la contratación pública en un verdadero motor de la actividad económica de la ciudad, que contribuya al cambio de modelo económico y a la mejora del modelo social y se ponga al servicio de las personas y el bien común”.

En este sentido, ATRI plantea operar como un vector que ayude a crear ocupación y recuperar un sector productivo afectado por la crisis. Se trataría de utilizar la inversión y la contratación pública en la construcción de vivienda dotacional para hacer política industrial orientada a potenciar el tejido socio-empresarial de menor dimensión.