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Categoría definitiva
Diagnóstico

Emergencia habitacional

Subtítulo
En comparación con otras grandes ciudades del entorno europeo, Barcelona sufre una grave carencia de vivienda pública de alquiler
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En comparación con otras grandes ciudades del entorno europeo, Barcelona sufre una grave carencia de vivienda pública de alquiler. Mientras que Viena, Londres, París o Berlín disponen de más de un 20% de vivienda pública de alquiler dentro de su parque residencial total, la capital catalana llega apenas al 1%. Esta carencia es herencia directa del franquismo, un régimen que, con el convencimiento de que una población de propietarios endeudados sería más conservadora y menos propensa a sublevarse, inventó algo tan insólito como la promoción pública de viviendas privadas. Esta apuesta por la venta en lugar del alquiler explica que, en Barcelona, uno de cada ocho viviendas (más de 100.000 unidades) haya sido construido con dinero público a pesar de haber acabado en manos privadas.

A partir de la Transición, lejos de remitir, este incentivo público a la cultura de la propiedad privada se extendió. Durante décadas, la hacienda española dejó de recaudar gran cantidad de recursos debido a desgravaciones fiscales que incentivaban los particulares a recurrir a los bancos para hipotecarse y adquirir una vivienda de propiedad al mercado privado. Esta política, insólita en los países del entorno inmediato, hinchó los precios de la vivienda hasta niveles desorbitados y provocó una burbuja inmobiliaria sin precedentes. El 2008, en el marco de una crisis financiera global, el estallido de la burbuja, agravado por una ley hipotecaria que negaba cualquier posibilidad de dación en pago, provocaría una emergencia habitacional que dejaría gran cantidad de familias sin casa y un gran número de viviendas desocupadas. Ocho años después, mientras la crisis hipotecaria está lejos de haberse resuelto, Barcelona vive una segunda burbuja inmobiliaria, en este caso, de los precios de alquiler. La demanda de alojamientos por parte de la creciente población flotante de turistas y la adquisición masiva de viviendas por parte de inversores extranjeros han provocado que los alquileres hayan subido más de un 13% en Barcelona en 2015 y que ya lleguen a los niveles previos al estallido del 2008.

Si Barcelona dispusiera de un parque público de viviendas de alquiler equiparable al otras grandes ciudades europeas, su población estaría mucho más protegida ante estas fluctuaciones del mercado inmobiliario. El caso de Viena, con un 30% de vivienda pública y otro 30% de vivienda cooperativa no especulativo, es un ejemplo emblemático: el tercio restante de viviendas pertenece a un mercado privado mucho más estable y responsable que el nuestro. A pesar de que, en la presente legislatura, el Patronato Municipal de la Vivienda ha incrementado la producción de vivienda pública, el cierto es que con el actual ritmo de producción todavía tardaríamos décadas a tener el parque necesario para templar las fluctuaciones del mercado. Además, las nuevas viviendas se producen en base a grandes promociones periféricas que sólo están al alcance de grandes empresas constructoras, que no enriquecen el tejido urbano y que pueden llegar a generar guetos sociales.

 

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